Blo¿g - Nuevo artículo

¿puede cualquier persona montar camaras de vigilancia?

Desde la aprobación de la famosa Ley Ómnibus, es muy común encontrarnos instalaciones de video vigilancia realizadas por personal de empresas no autorizadas por el Ministerio del Interior. Estas personas en su mayor parte dedicadas a la electricidad y la informática han visto un nicho de mercado que poder explotar y sacar un extra a su actividad cotidiana sintiéndose amparados en la mala interpretación de una Ley que vamos a intentar analizar sin ser juristas.

 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre "ley omnibus"

Mihi quidem Antiochum, quem audis, satis belle videris attendere. Hanc igitur quoque transfer in animum dirigentes.

Consectetur adipiscing elit. Inscite autem medicinae et gubernationis ultimum cum ultimo sapientiae comparatur.

 

El artículo 14 de esta Ley es en el que se fundamentan para asegurar con total certeza que pueden montar cámaras de vigilancia:

 

Artículo 14 Modificación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada

 

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, queda modificada en los siguientes términos:

 

 

 

Uno. Se modifica la letra e) del artículo 5.1, que queda redactada como sigue:

 

  • «e) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional sexta.»

 

 

 

Dos. Se añade una Disposición adicional sexta, con la siguiente redacción:

 

«Disposición adicional sexta Exclusión de las empresas relacionadas con equipos técnicos de seguridad

 

Los prestadores de servicios o las filiales de las empresas de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma, quedan excluidos de la legislación de seguridad privada siempre y cuando no se dediquen a ninguno de los otros fines definidos en el artículo 5, sin perjuicio de otras legislaciones específicas que pudieran resultarles de aplicación.»

 

Es en este punto dos donde se supone que se liberaliza la instalación de las mismas permitiendo que cualquier particular o empresa que no sea de seguridad pueda montar alarmas y cámaras mientras no estén conectadas a centrales de alarmas, puestos permanentes de seguridad o centros de control, pero si continuamos leyendo el punto dos el final dice:

 

"sin perjuicio de otras legislaciones específicas que pudieran resultarles de aplicación"

 

Esta pequeña coletilla todo el mundo la asocia exclusivamente a la materia específica de la Agencia Española de Protección de Datos y la interpreta de la siguiente manera:

 

"La interpretación de la mencionada disposición determina que cualquier particular o empresa cuya actividad no sea la propia de una empresa de seguridad privada podrá:
“vender, entregar, instalar y mantener equipos técnicos de seguridad” sin necesidad de cumplir las exigencias previstas en la Ley de Seguridad Privada para tales empresas. De este modo, dado que la ley permite la instalación y mantenimiento de dichos equipos por empresas distintas a las de seguridad privada, legitima a quienes adquieran de estos dispositivos para tratar los datos personales derivados de la captación de las imágenes sin necesidad de acudir a empresas de seguridad privada, siendo dicho tratamiento conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. No obstante, la instalación de un sistema de videovigilancia conectado a una central de
alarma, sí seguirá requiriendo la concurrencia de los requisitos exigidos hasta ahora; esto es, que el dispositivo sea contratado, instalado y mantenido por una empresa de seguridad privada autorizada por el Ministerio del Interior y que el contrato sea notificado a dicho Departamento.
En todo caso, el tratamiento de las imágenes deberá cumplir los restantes requisitos exigibles en materia de protección de datos de Carácter Personal, recogidos en la Ley Orgánica y, en particular, en la instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos, como son, entre otros, los relativos a que las imágenes que se capten sean las necesarias y no excesivas para la finalidad perseguida; el deber de informar a los interesados, tanto a través de la colocación de carteles informativos como mediante la puesta a disposición de aquéllos de impresos en que se detalle la información; la notificación de la existencia de los ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos; o la implantación de medidas de seguridad."

 

 

¿Y con esto ya está? ¿Ya se cumple con la Ley?

 

A nivel personal creo que no y de hecho la famosa Ómnibus bajo mi interpretación lo que intenta liberar son las alarmas que no van a ser conectadas a una central de alarmas, es decir los sistemas de seguridad que no van a ser susceptibles de intervención policial, para que puedan ser instaladas por cualquier persona o empresa.

 

Hay que recordar que las cámaras de seguridad en la mayoría de los casos suponen recortes a derechos constitucionales como el de la intimidad personal o el de la propia imagen recogidos en el artículo 18 párrafo 1 y 4 de la Constitución y aunque el derecho a la intimidad, como cualquier otro derecho fundamental, no es absoluto, pudiendo ceder ante la presencia de otros intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquel haya de experimentar se releve como necesario para lograr el fin legitimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, respetuoso con el contenido esencial del derecho (SS.TC 57/1994 y 143/1994), ¿quién garantiza el cumplimiento de estos requisitos para vulnerar uno o varios derechos constitucionales?

 

Recordemos que a las empresas de seguridad se nos exige siempre antes de realizar cualquier instalación un estudio y proyecto del bien a proteger en el que se tienen en cuenta aparte de los materiales, las normativas y leyes que le son de aplicación, respondiendo ante las administraciones en caso de sanción por incumpliendo de alguna. El proyecto es realizado por el ingeniero y corroborado por el director de seguridad, dos de los máximos exponentes en materias técnicas y de normativa pudiendo asegurar que se cumplen con los requisitos exigidos por los tribunales.
Idoneidad; si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto.

 

Necesidad; si la medida es necesaria, en el sentido de que no exista otra más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia.

 

Proporcionalidad; si la medida es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.

 

En un segundo punto de vista, las cámaras de vigilancia tienen el propósito de cuando se cometa un delito o falta este pueda ser esclarecido por la unidad judicial que le corresponda creándose diligencias y oficios que deben de ser tratados conforme a Ley para que posteriormente en el proceso judicial no se puedan desestimar la pruebas por un tecnicismo o falta en el proceso, que es otra de las cosas que realizan nuestro peritos judiciales en los juzgados.

 

Por todo lo anterior, pienso que a nivel jurídico las empresas o particulares, no dados de alta en el registro de empresas de seguridad no pueden garantizar el cumplimiento de toda la normativa que le es de aplicación a los sistemas de video y menos certificar ante un juzgado la veracidad de las pruebas, la no manipulación o el cumplimiento de los requisitos dando una explicación no sucinta, por el que se han visto recortados derechos fundamentales, ya que ni disponen de la formación ni de los medios técnicos adecuados para este propósito.

 

Y por último está el apartado de sanciones.

 

 

De todas las instalaciones que hemos repasado ejecutadas  por empresas de otros sectores es común encontrar defectos muy graves en materia de protección de datos y utilización de cámaras captando vía pública sin autorización de Delegación de Gobierno. El poner el cartel de aviso de zona video vigilada o poner una cámara en la calle para controlar la entrada del establecimiento o la terraza del restaurante, no es suficiente para que no te sancionen por incumplimiento y en el mejor de los casos de los locales visitados es lo que tienen realizado por el instalador, sin ser en la mayoría de los casos el propietario consciente de las implicaciones legales que conllevan este tipo de sistemas, lo que no evitará la sanción o sanciones correspondientes.

 

Por todo esto considero bajo mi opinión personal e interpretación que legalmente no pueden cumplir con todo lo marcado anteriormente por lo que las interpretaciones realizadas de la misma no son correctas y no cumplen con el final del párrafo de la misma  ("sin perjuicio de otras legislaciones específicas que pudieran resultarles de aplicación"), siendo en su mayor parte instalaciones ilegales que vulneran derechos fundamentales al no ser establecidos los requisitos necesarios por personal con la formación adecuada en las materias que le son aplicación.

 

Espero vuestras opiniones.

Un saludo.

Carlos Sastre.

 

 

 


aviso de zona video vigilada


14 comentarios